MARIO VARGAS LLOSA - AGUILA DE DOS CABEZAS





     LAS elecciones presidenciales del 2 de julio, en México, son sin duda las
     más importantes de la historia moderna de ese país, pues con ellas puede
     culminar el proceso de democratización que viene experimentando desde hace
     algunos años el más grande y populoso (más de cien millones de habitantes)
     de los países de lengua española. Si así ocurriera, los efectos benéficos
     de esta experiencia desbordarían largamente la realidad mexicana y
     ejercerían una saludable influencia sobre el resto de América Latina,
     donde, en tanto que en países como los del cono Sur y Centroamérica la
     democracia va -más o menos- echando raíces, en otros, los de la región
     andina, parece sobrevivir a duras penas (y no por mucho tiempo más).
     Para que la democracia sea por fin una realidad en México el PRI, nombre
     que es una contradicción y galimatías al mismo tiempo (Partido
     Revolucionario Institucional), debe salir del poder que ocupa desde que
     fue fundado, en 1929, y ceder el lugar a la oposición. Por haber defendido
     esta tesis fui muy criticado hace unos días en México, donde se me recordó
     que lo esencial en una sociedad democrática no es la alternancia en el
     poder sino que en unos comicios libres se respete la voluntad popular.
     Esto es cierto, pero en una sociedad democrática, algo que no es todavía
     México, donde el PRI se ha mantenido en el gobierno a lo largo de 71 años
     -el régimen autoritario más largo que haya conocido el siglo XX-, gracias
     a ganar catorce elecciones consecutivas, casi todas ellas fraguadas, y
     donde su enquistamiento en el Estado ha sido tan completo como en los más
     explícitos regímenes totalitarios.
     La superioridad del PRI sobre otros sistemas de control del poder se ha
     debido a que el asesinato simbólico del dictador "elegido" cada seis años
     -que era reemplazado y pasaba, cargado de millones, al desván de las cosas
     inútiles-, el empleo moderado de la coerción a la que el régimen prefirió
     siempre la corrupción para neutralizar a los opositores, y las constantes
     metamorfosis ideológicas de la camarilla gobernante para adaptarse a los
     vientos reinantes -el PRI ha sido de derecha, de centro y de izquierda a
     lo largo de su historia sin el menor embarazo ni explicación-, daban una
     apariencia de renovación y cambio y hacían la vida menos asfixiante para
     los ciudadanos que aquellos otros, dogmáticos, presididos por la cruz
     gamada o la hoz y el martillo y sembrados de campos de concentración. Con
     estos precedentes ¿quién, en su sano juicio, creería de buena fe en un
     triunfo limpio y transparente, en la décima quinta elección mexicana, del
     partido gobernante que ganó las catorce anteriores mediante fraudes? Su
     victoria parecería la última y audaz estrategia -¡la carta democrática!-
     concebida por el más extraordinario partido-camaleón que haya conocido la
     historia, para seguir en el poder.
     Esa es la pesada hipoteca que pesa sobre los hombros de Francisco
     Labastida, el candidato priísta en estas elecciones, y la que lo condena a
     una disyuntiva trágica: perder, para que su país sea por fin libre, o
     ganar una victoria pírrica, que todo el mundo considerará un embauque, y
     que tendrá como consecuencia inmediata retroceder al México que parecía
     dar los primeros pasos firmes hacia una democracia genuina, al anacronismo
     autoritario que ha soportado ya siete décadas. El ex gobernador de Sinaloa
     es un hombre amable y bien hablado, que sobrelleva su candidatura con
     entusiasmo y un discurso bien trabado, con respuestas para todas las
     objeciones, aun las más enojosas. Cuando me dice que la prioridad en su
     país es la democratización y la lucha contra la corrupción, yo le creo,
     claro está. Pero ¿cómo podría él encabezar semejante empresa, siendo el
     candidato del partido responsable de la falta de democracia y la fuente
     primera de los tráficos ilícitos y los enriquecimientos a la sombra del
     Estado? Para dificultar más la tarea de Labastida, el PRI aparece ahora
     unificado detrás de su candidatura, de modo que la tesis según la cual
     ella representaría sólo a los sectores renovadores y menos manchados del
     régimen, ya no se tiene en pie: los impresentables "dinosaurios" o barones
     del Partido han cerrado filas con Francisco Labastida y a ratos dan la
     impresión de manejar los hilos de su campaña. A esto, él responde así:
     "como candidato, no tengo aún el poder y no puedo hacer los cambios
     necesarios en mi partido. Cuando lo tenga, los haré".
     Aunque hay seis candidatos presidenciales, uno sólo de ellos cuenta como
     alternativa realista al régimen actual: Vicente Fox, candidato del PAN
     (Partido Acción Nacional), al que se ha aliado un movimiento ecologista.
     En la última encuesta nacional, Fox le había sacado un poco más de cinco
     puntos de ventaja a Francisco Labastida y la tendencia era a que esta
     distancia se ampliara a medida que la idea del "voto útil" tomaba cuerpo y
     muchos partidarios del tercero en los sondeos, Cuauhtémoc Cárdenas, del
     PRD, pivotaban hacia Fox. De este modo, paradójicamente, los votantes
     izquierdistas del PRD asegurarían el triunfo de un candidato considerado
     de derecha, como Vicente Fox. Pero esta posibilidad ha irritado
     sobremanera a Cárdenas, quien, en los últimos días, parece mucho más
     hostil a aquél que a Labastida, al extremo que algunos politólogos se
     preguntan si, en desesperación de causa, no estaría tramándose en la
     sombra una suerte de acción coordinada del PRD con el PRI para impedir el
     triunfo de Fox. Lo que desembocaría en una paradoja aún más delirante:
     Cuauhtémoc Cárdenas, el honesto (y anticuado) líder de izquierda y
     opositor enconado del régimen, favoreciendo, por humano despecho, la
     perpetuidad en el poder del PRI, que le robó la elección presidencial de
     1984 con una oportuna caída del sistema a la hora del recuento de los
     votos.
     La poderosa maquinaria informativa y mediática del Estado priísta ha
     conseguido acuñar una imagen de Vicente Fox bastante caricatural: la de un
     rústico terrateniente, sin mayores ínfulas intelectuales, de carácter
     intemperante y atrabiliario, enfeudado por completo a la tradición
     conservadora del PAN y a la religión católica y los curas. Sin embargo,
     nada de esto me pareció cierto, en los tres cuartos de hora que conversé
     con este gigante de dos metros de altura que, antes de entrar en política,
     trabajó por diecisiete años en la Coca-Cola de México, donde fue escalando
     posiciones desde un puesto ínfimo hasta la gerencia general, y luego
     administrando sus propias empresas en Guanajuato, estado del que sería más
     tarde gobernador. Es alguien que tiene ideas muy claras y las expone con
     mucha precisión. Me negó, de manera enfática, que pretenda poner fin a uno
     de los mejores logros de la revolución mexicana, el Estado laico, y,
     asimismo, favorecer o conceder una situación de privilegio a la Iglesia
     católica dentro de las otras religiones con arraigo en el país. Fortalecer
     la educación "laica, pública y gratuita" es punto clave de su programa. Él
     es católico y, como tal, opuesto al aborto, pero consciente de las
     responsabilidades del mandatario de un Estado no confesional: si el
     Congreso de México aprueba una ley favoreciendo el aborto, la promulgaría
     sin vacilar.
     Me dijo, también, que su Gobierno sería de "transición hacia la
     democracia", empresa formidable -desmontar un Estado priísta con 71 años
     en el poder y reemplazarlo por instituciones libres y representativas-
     para lo que es indispensable una muy amplia colaboración multipartidaria,
     y que, por eso, llamaría a colaborar a gentes de todos los sectores, a fin
     de conformar un gobierno de ancha base política. Respecto a Chiapas, la
     negociación en primordial: él mismo, apenas elegido, tomaría la iniciativa
     de proponer al subcomandante Marcos un encuentro personal, para disipar
     desconfianzas y recelos, y fijar las coordenadas de un acuerdo general. En
     cuanto a Pémex, la gigantesca empresa pública administradora del petróleo,
     descarta de plano su privatización durante su gobierno. Entiendo que esta
     decisión no obedece a una cuestión de principio -su ideario liberal
     debería inclinarlo más bien a favor de aquella- sino de circunstancias. Me
     lo explicó así: el tema del petróleo es objeto de airadas controversias, y
     su privatización provocaría una violenta división y crispación nacional,
     totalmente inoportuna e írrita en el proceso de apertura y democratización
     de las instituciones, la primera de sus prioridades. Por eso, su programa
     se compromete a conservar a Pémex su estatuto actual de empresa pública.
     En un acto cultural en el Palacio de Bellas Artes, un espectador me encaró
     con un cartel que decía: "Foximori". Me reprochaba así haber dicho que, si
     fuera mexicano, votaría en estas elecciones por Vicente Fox, un candidato
     que, según un caballito de batalla del PRI y de sus otros adversarios,
     podría hacer allí lo que hizo en el Perú el ingeniero Fujimori: instalar
     una dictadura. ¡Fantástica acusación! Quienes la formulan, olvidan que la
     dictadura (por más disimulada y debilitada que se halle) es todavía una
     realidad presente y actuante en México y que de lo que se trata no es de
     prevenirla en el futuro sino de salir de ella ahora, y cuanto antes. ¿En
     qué se fundan las presunciones de un Vicente Fox fujimorista? Nadie me
     pudo presentar una sola prueba, salvo la muy discutible de que, a veces,
     levantaba mucho la voz a la hora de los discursos. Lo cierto es que el
     candidato panista, desde que comenzó su vida política, ha actuado
     respetando las reglas de la exigua democracia que reina en su país, y que,
     más bien, fue víctima de esa exigüidad, pues le robaron una elección. Su
     carácter no debe ser tan intransigente como aseguran sus adversarios, pues
     su candidatura está ahora rodeada de mexicanos procedentes de corrientes y
     tendencias políticas distintas a la suya -uno de sus principales asesores
     es un destacado intelectual de izquierda, Jorge Castañeda-, anticipo de
     esa vasta alianza que él propone para impulsar la democratización. ¿Serán
     libres las elecciones del 2 de julio? ¿Se respetará la voluntad popular?
     El consenso general es de que así será. Se lo he preguntado a decenas de
     amigos mexicanos y no encontré uno solo que temiera un nuevo fraude. Tal
     vez esta confianza sea, más todavía que la costosa maquinaria electoral
     erigida para garantizar la pureza de los sufragios, lo que da a la actual
     campaña su clima abierto, sano, intensamente participativo y refrescante.
     Quien ha contribuido a crear esta nueva atmósfera política en el país es
     su actual Presidente, Ernesto Zedillo. Todos lo reconocen y, también, que
     no se ha visto manchado por tráficos indignos, como sus predecesores en el
     cargo. Es una persona muy amable y ocurrente, casado con una mujer bella y
     encantadora, Nilda Patricia, que lo ayuda con gran eficacia a sortear las
     preguntas políticas. A lo largo de un almuerzo de varias horas intenté
     suscitar el tema de la situación actual de México, pero fracasé en toda la
     línea. No me fue posible sacarle una sola sílaba sobre las elecciones.
     Dicen que su máxima ambición es pasar a la historia como el mandatario que
     hizo posible la democratización de México. Ojalá sea así, por él mismo,
     por México, y por toda América Latina. Y ojalá ese designio le dé fuerzas
     para resistir las horrendas presiones que se abatirán sobre su cabeza el
     próximo 2 de julio, día decisivo.