ALFREDO BRYCE ECHENIQUE - LA PROPIEDAD QUE NO SE VE




     Una década ha bastado para que el Perú se convierta en el paraíso de la
     piratería editorial. El país tiene, además, el triste privilegio de
     exportar libros piratas a varios países vecinos, como Argentina, Chile,
     Bolivia y Ecuador. Con el sello de prestigiosas editoriales peruanas han
     cruzado las fronteras desde obras de Juan Pablo II hasta novelas de
     Gabriel García Márquez que jamás fueron contratadas por esas editoriales.
     Y cuando la editorial Alfaguara, de España, puso a la venta en Lima La
     fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, con la firma ológrafa del autor y
     a precios de ganga, los piratas se dieron maña para sacar su propia
     edición en tiempo récord, más barata y sin omitir siquiera la firma
     ológrafa. En más de una oportunidad, mientras espero la luz verde ante un
     semáforo, un vendedor ambulante de libros piratas se me acerca y me
     pregunta, alegre y amistosamente, ¿para cuándo su próximo libro, señor
     Bryce?

     Jueces, fiscales y autoridades de INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa
     de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, entidad creada en 1993
     para velar por el respeto de los derechos de autor), asumen, sincera o
     falsamente abrumados, que más de mil trescientos procesos por delitos
     contra el derecho de autor no han producido una sola detención. Por su
     parte, los periodistas Meche García Belaunde y Marco Méndez Campos
     escribían en el diario El Comercio, decano de la prensa peruana, que "Si
     todas las personas dedicadas a la venta ilegal acuerdo con diversos
     cálculos más de cuarenta mil personas en todo el país están involucradas
     en esta ilícita actividad". En verano, los vendedores ambulantes de libros
     piratas invaden las playas del litoral peruano, de norte a sur del país;
     en invierno, pasean como Pedro por su casa por los campus de las más
     prestigiosas universidades, donde abundan también los puestos de
     reprografía ilegal; y a lo largo de todo el año abordan a los conductores
     detenidos en los semáforos o exhiben su ilícita mercancía en calles y
     plazas de todo el país, sin excluir tampoco las puertas de las más
     importantes librerías.

     Un importante distribuidor de libros asegura que por cada libro legalmente
     vendido en el Perú se venden seis más en edición pirata. Y el director de
     la editorial PEISA me cuenta que la suya es prácticamente la única
     editorial peruana que sigue con las puertas permanentemente abiertas,
     añadiendo enseguida, con dura ironía, que aquello puede ser muy bueno pero
     también tremendamente grave. Tan grave como el hecho de que en un país de
     veinticinco millones de habitantes sólo queden cuarenta librerías y que de
     éstas el 40 por ciento se encuentre en sólo dos distritos limeños.

     A diferencia de las cada vez más florecientes ferias de libros de Buenos
     Aires, Guadalajara, Bogotá, Santiago o Miami, la última Feria
     Internacional del Libro, de Lima, fue un evento tan triste y pobre como
     poco concurrido, en una ciudad donde los cálculos más optimistas indican
     que cada año por lo menos son pirateados unos tres mil títulos, que van
     desde textos escolares hasta libros de especialidades médicas, pasando por
     diccionarios, obras literarias, manuales de computación y textos
     universitarios de diversas facultades.

     Los editores piratas aprovechan el prestigio del autor, de la editorial
     cuyo sello reproducen y de los gastos de publicidad que realiza el editor
     formal. Aprovechan también de los aranceles a la importación y de los
     impuestos a la impresión y comercialización de libros impuesta por el
     Estado desde 1990, y han pasado a convertirse, desde 1998, en el sector
     con mayor volumen de ventas, en desmedro del sector formal. La editorial
     Alfaguara dejó de facturar alrededor de un millón de dólares en 1999 por
     obras de autores como José Saramago y Ángeles Mastreta. "Sólo nuestra
     distribuidora tiene treinta títulos pirateados y calculamos que dos mil
     ejemplares por cada título", asegura la representante en el Perú del grupo
     español Santillana.

     Los representantes del Estado se defienden con cuentos de hadas de las
     acusaciones de la Comisión de Lucha Contra la Pirateria de Libros, de la
     Cámara Peruana del Libro. Se remontan al presidente Ramón Castilla, hace
     ciento cincuenta años -durante cuyo primer gobierno se promulgó la primera
     ley de Derechos de Autor-, para perder el tiempo (o para ganar tiempo) y
     nada más. Porque nadie ha conocido jamás esas leyes, y menos aún la
     policía y la población en general, en un país que, cada día más, es un
     país con muchas leyes pero sin ley, y donde la gente se refiere a la
     propiedad intelectual como "aquella que no se ve". Como tampoco se ve un
     título nuevo hace mucho tiempo en la Biblioteca Nacional del Perú, que no
     cuenta en su bibliográfica. Esto significa que la red de Bibliotecas
     Públicas del Perú carece de los libros aparecidos en las últimas dos o
     tres décadas.

     "Paradójicamente -escribe Germán Coronado, presidente de la Comisión de
     Lucha Contra la Piratería de Libros, comentando la ley sobre el derecho de
     autor promulgada bajo la dirección de INDECOPI, en 1996-, ésta es
     divulgada por ese organismo como una de las leyes más drásticas a nivel
     latinoamericano en la represión de la piratería. Los tecnócratas que la
     redactaron se llaman a sí mismo "autoralistas", es decir, defensores a
     ultranza del autor, a quien consideran víctima permanente del "acecho" de
     los editores. Movidos por esa maniquea idea, han creado un engendro que
     protege, sólo en el papel, el derecho patrimonial del autor, "durante toda
     la vida de éste y setenta años después de su muerte".

     Y así, con una dilapidadora generosidad con lo inexistente, los
     funcionarios de cuello y corbata se pasean por el mundo en viajes de cinco
     estrellas y erario público, de congreso en congreso y reunión de estudios
     en reunión de intercambios, hablando de las bondades de esta ley
     modernísima, mientras los editores peruanos quiebran, las librerías
     desaparecen, el mundo cada día les es más ancho y ajeno a los autores, y
     los piratas reinan en el Perú.

     Pero los piratas no son aquellos famélicos niños, adolescentes, adultos y
     hasta ancianos que se recursean vendiendo libros a los que muy bien pueden
     faltarles páginas o capítulos enteros, como también a ellos les faltan
     calorías y vitaminas y proteínas y calcio y un Estado que poderosos,
     mafiosos, atrapados, procesados y... y... y aquí no ha pasado nada. Son
     unos peces tan gordos, tan pero tan gordos, que su peso abruma y aplasta a
     las autoridades competentes, señores de vista tan pero tan gorda, a su
     vez, que son incapaces de distinguir y capturar hasta al gordo más gordo
     de todos los cuadros de gordas y gordos de Botero. ¿Cómo la ven?